La Legislatura porteña aprobó las normas que definen el esquema impositivo y los aranceles que regirán en la Ciudad durante 2026. Se mantienen las alícuotas de Ingresos Brutos por actividad y se actualiza el sistema de tasas y derechos.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Impositiva para el año 2026 y la Ley Arancelaria, dos normas centrales que determinan tanto el nivel del Impuesto sobre los Ingresos Brutos como los valores de tasas, derechos y trámites ante organismos del Gobierno porteño.
En materia de Ingresos Brutos, la Ley Impositiva conserva la estructura vigente, con alícuotas diferenciadas según la actividad y el nivel de facturación anual. Se mantienen tratamientos reducidos para producción primaria e industrial, mientras que las actividades comerciales, de servicios, financieras, digitales y de intermediación continúan tributando con alícuotas más elevadas, en función del rubro y los ingresos obtenidos.
Por su parte, la Ley Arancelaria regula los valores de los trámites y servicios administrativos mediante la Unidad Tarifaria (UT), que se actualiza de forma trimestral a partir de una fórmula que combina salarios, inflación y distintos índices oficiales. Esto impacta directamente en el costo de habilitaciones, registros, certificaciones, derechos de timbre y trámites ante áreas como Registro Civil, Salud, Seguridad, Mediación y Asuntos Registrales, entre otras.
Con la sanción de la Ley Impositiva 2026 y la Ley Arancelaria, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deja definido el marco tributario y de costos administrativos que regirá durante el próximo ejercicio fiscal. Si bien no se introducen cambios estructurales en las alícuotas de Ingresos Brutos, la actualización de la Unidad Tarifaria tendrá impacto directo en el valor de tasas, derechos y trámites a lo largo del año, en línea con la evolución de los principales índices económicos.
