El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso el Proyecto de Ley de Modernización Laboral (Mensaje N.º 35/2025), que incorpora una serie de cambios fiscales orientados a reducir la carga tributaria sobre empresas y contribuyentes. Entre las principales medidas se destaca la baja del Impuesto a las Ganancias, la ampliación de exenciones sobre determinadas rentas y una reducción de costos vinculados al empleo formal.
En materia de Impuesto a las Ganancias para sociedades, el proyecto propone una reducción de las alícuotas vigentes. De aprobarse la iniciativa, la tasa general pasaría del 30 % al 27 %, mientras que la alícuota más alta, actualmente del 35 %, se reduciría al 31,5 %. Estos cambios aplicarían para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2026, generando un alivio fiscal directo sobre la tributación de las utilidades empresarias.
El proyecto también introduce modificaciones relevantes para las personas humanas, ampliando las exenciones del impuesto. A partir de 2026, quedarían exentas diversas rentas financieras, con excepción de las originadas en monedas digitales, así como determinados resultados vinculados a la venta de inmuebles y alquileres de vivienda destinados a casa-habitación. Según surge del texto oficial y del análisis difundido por Blog del Contador, el objetivo es fomentar el ahorro y la inversión productiva, reduciendo la presión impositiva sobre este tipo de ingresos.
Otro punto destacado es la actualización del tratamiento de los quebrantos impositivos, permitiendo su ajuste por inflación en ejercicios iniciados desde 2025, lo que busca evitar que la pérdida de valor real distorsione la determinación del impuesto en contextos inflacionarios.
Estas medidas se enmarcan en una reforma más amplia que apunta a reducir el costo argentino, mejorar la competitividad de las empresas y promover el empleo formal. En ese sentido, el proyecto de ley también contempla reducciones en las contribuciones patronales, lo que complementa la baja del Impuesto a las Ganancias con un alivio adicional sobre la carga laboral de los empleadores.
Desde el punto de vista práctico, la iniciativa representa un beneficio concreto para las PyMEs, que verían reducida la carga fiscal sobre sus resultados, mejorando su rentabilidad y capacidad de reinversión. Para los responsables inscriptos, la ampliación de exenciones podría implicar un menor impacto del impuesto sobre ingresos financieros o inmobiliarios, mientras que para los monotributistas, si bien no hay cambios directos en el régimen simplificado, la reforma puede influir en decisiones futuras de crecimiento e inversión.
Cabe aclarar que se trata de un proyecto de ley, por lo que su aplicación efectiva dependerá del debate y aprobación en el Congreso Nacional. No obstante, de sancionarse en los términos propuestos, la reforma implicaría una reducción significativa de la carga impositiva para empresas y contribuyentes a partir de 2026.
Ante este nuevo escenario, resulta clave analizar el impacto de estas modificaciones en cada situación particular. Nuestro estudio se encuentra a disposición para brindar asesoramiento personalizado y anticipar decisiones fiscales y financieras en función de los cambios propuestos.
